La apuesta que México perdió antes de jugarla, Acapulco vs. Las Vegas
- Ricardo Valero

- 1 ago
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Durante las primeras décadas del siglo XX, México fue el destino favorito de los estadounidenses que buscaban lo que su país les prohibía. Mientras Estados Unidos vivía la Ley Seca, entre 1920 y 1933, miles de visitantes cruzaban la frontera para beber, apostar y disfrutar espectáculos en ciudades como Tijuana, Mexicali, Ciudad Juárez y Ensenada. México tenía una ventaja competitiva que hoy costaría una fortuna construir desde cero: cercanía, entretenimiento prohibido del otro lado y un flujo constante de dólares.
El símbolo de esa época fue el Casino de Agua Caliente, inaugurado en Tijuana en 1928. Hotel, casino, hipódromo, campo de golf, spa y espectáculos internacionales bajo un mismo techo, con estrellas de Hollywood y políticos estadounidenses entre sus huéspedes habituales. Era, en la práctica, el prototipo de lo que después sería Las Vegas.

Entonces México decidió apagar el negocio con sus propias manos.
En 1935, el gobierno de Lázaro Cárdenas ordenó el cierre de todos los casinos del país como parte de una cruzada de moralización pública contra el juego. Agua Caliente cerró ese mismo año, junto con decenas de establecimientos fronterizos. La decisión respondía a la lógica política del régimen revolucionario, que veía en el juego una fuente de corrupción y desigualdad. Vista con seis décadas de distancia, también fue la renuncia lisa y llana a una industria que ya pesaba en la economía de varias regiones del país.
Nevada, mientras tanto, legalizó el juego en 1931. Las Vegas era todavía un punto en el desierto, pero empezó a sumar piezas: la construcción de la Presa Hoover entre 1931 y 1936, que llevó miles de trabajadores a la zona; electricidad barata; inversión hotelera privada, y después la maquinaria de entretenimiento y resorts que terminó de consolidar la ciudad como capital mundial del espectáculo y el juego.
Hoy Las Vegas recibe decenas de millones de visitantes al año y mueve miles de millones de dólares en hoteles, convenciones, espectáculos, gastronomía y apuestas. México, uno de los países con mayor vocación turística del planeta, nunca construyó un destino de esa escala ni de esa naturaleza. La paradoja es incómoda: millones de mexicanos viajan cada año a Las Vegas, a Punta Cana o a otros destinos de entretenimiento internacional, exportando una demanda que el propio país decidió no atender.

Ese contraste no es solo histórico, es corporativo y está ocurriendo hoy mismo. Pam Hotels, la empresa que hasta hace poco se llamaba RCD Hotel y que pertenece a la familia Chapur, opera la marca Hard Rock todo incluido en varios países. Su único hotel con casino integrado está en Punta Cana, República Dominicana: ahí es donde canaliza esa parte del negocio, con máquinas tragamonedas, mesas de juego y toda la oferta de entretenimiento que eso implica. En México, la misma empresa opera prácticamente el mismo producto, los mismos Hard Rock todo incluido, pero sin casino, porque la ley mexicana no lo permite. Es el mismo grupo, la misma marca, el mismo estándar de servicio, y sin embargo el dinero del juego se va a otro país porque aquí decidimos, desde 1935, que esa puerta permanece cerrada.

Después del golpe de los huracanes Otis, en 2023, y John, en 2024, Acapulco enfrenta algo más grande que reconstruir edificios: tiene que decidir en qué se quiere convertir. Reparar la infraestructura es la parte fácil. Lo difícil es replantear la vocación económica del destino.
Una opción real sobre la mesa sería crear una zona especial de entretenimiento, con regulación moderna y estricta, inspirada en modelos como Las Vegas, Singapur o Macao. Eso significa casinos con licencias transparentes, hoteles integrados de gran escala, centros de convenciones, arenas para conciertos, restaurantes y espectáculos internacionales, marinas, campos de golf, desarrollo inmobiliario turístico y, sobre todo, controles financieros serios contra el lavado de dinero, con supervisión permanente de autoridades regulatorias. La meta no sería convertir a Acapulco en una ciudad de apuestas, sino en un gran centro internacional de entretenimiento, con el juego como una pieza más del engranaje, no como el único atractivo.
Un proyecto de ese tamaño podría atraer miles de millones de dólares en inversión privada y generar empleos permanentes, mayor ocupación hotelera, más vuelos internacionales, más recaudación fiscal, diversificación turística, crecimiento inmobiliario y restaurantero, y una industria de reuniones y convenciones mucho más fuerte.
Nada de esto está libre de riesgos, y sería ingenuo fingir lo contrario. El juego sin regulación eficaz alimenta ludopatía, sobreendeudamiento y delincuencia, y la industria del entretenimiento y las apuestas ha sido históricamente un blanco fácil para el lavado de dinero. Cualquier apertura seria tendría que ir acompañada de supervisión financiera rigurosa, transparencia real y cumplimiento con estándares internacionales. La pregunta de fondo no es si los casinos son moralmente aceptables, sino si el Estado mexicano es capaz de regularlos con eficacia y sin corrupción, algo que la historia reciente del país no permite dar por sentado.
Hace noventa años México tomó una decisión que redibujó el mapa turístico de Norteamérica. El cierre de los casinos respondió a una moral de su época; mientras tanto, otras regiones convirtieron el entretenimiento y el juego en motores económicos de primer nivel. No hay forma de saber cómo habría evolucionado el turismo mexicano si esa industria hubiera seguido viva, pero sí se puede afirmar algo con certeza: el país se bajó de un segmento que después se volvió una de las industrias más rentables del planeta, y hoy sigue viendo cómo empresas mexicanas, como la de la familia Chapur, llevan ese mismo negocio a otros países en lugar de desarrollarlo aquí.
Ante la necesidad urgente de nuevos motores de desarrollo turístico, vale la pena preguntarse, sin prejuicios y con evidencia sobre la mesa, si destinos como Acapulco podrían beneficiarse de un modelo de entretenimiento altamente regulado y orientado a la inversión. La historia ya demostró que una decisión económica puede cambiar el destino de una región entera. La pregunta es si México está dispuesto a tomar esa decisión otra vez, esta vez a su favor.




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