Turistas, caseros y empresarios: ¿a quién quiere expulsar España?

España y buena parte de Europa disfrutan hoy de un patrimonio monumental que no puede entenderse sin su historia imperial. Durante siglos, la expansión colonial trasladó metales, impuestos, mercancías y recursos hacia las metrópolis. En el caso español, la propia documentación histórica reconoce el saqueo inicial, la explotación minera y los tributos procedentes de América. Parte de aquella riqueza sostuvo a la Corona, sus guerras, instituciones y ciudades. Siglos después, ese legado arquitectónico, artístico y urbano sigue siendo uno de los grandes activos de España y uno de los motivos por los que millones de personas quieren visitarla.

Pero el patrimonio heredado no sustituye a la riqueza que una economía necesita crear hoy. España sigue siendo una economía desarrollada y está lejos de haber dejado de producir, pero arrastra problemas de productividad, inversión y competitividad, mientras actividades como el turismo tienen un peso enorme. Al mismo tiempo, la discusión sobre impuestos y regulación ha alimentado el debate sobre empresarios, profesionales y creadores que buscan jurisdicciones fiscalmente más atractivas, como Andorra. La pregunta incómoda es sencilla: ¿hasta dónde puede aumentarse la presión sobre quien invierte, produce o emprende sin terminar desincentivándolo?

La vivienda refleja todavía mejor esa contradicción. España necesita alquileres asequibles, pero también necesita propietarios dispuestos a poner viviendas en renta y capital dispuesto a construir nuevas. El reciente caso de Maricarmen Abascal, de 87 años y residente durante décadas bajo un contrato de renta antigua, convirtió un conflicto privado en un debate nacional sobre el derecho a la vivienda y el derecho de propiedad. Isabel Díaz Ayuso entró directamente en la polémica cuestionando que la edad pueda convertirse, por sí misma, en un derecho permanente a ocupar una propiedad privada. Detrás del ruido político queda una cuestión mucho más profunda: si alquilar una propiedad se percibe como una actividad cada vez más incierta, ¿quién querrá poner la siguiente vivienda en alquiler?

Y después están los turistas. España recibió más de 93 millones de visitantes internacionales en 2024 y el turismo aportó alrededor del 12.6% del PIB. Sin embargo, en distintas ciudades también han crecido las protestas contra la masificación turística y se han endurecido las reglas para las viviendas de uso turístico. Regular los excesos es necesario; convertir al turista o al alojamiento vacacional en el culpable universal del problema habitacional es otra cosa. España no vive únicamente de hoteles de cinco estrellas: hostales, apartamentos y viviendas turísticas permiten viajar a millones de personas con presupuestos distintos y distribuyen parte del gasto turístico entre propietarios y pequeños negocios.

España no está al borde del derrumbe. Ese discurso tampoco ayuda. El riesgo es más silencioso: acostumbrarse a administrar la riqueza construida ayer mientras se vuelve cada vez más difícil crear la de mañana. Si el turista molesta, el casero es sospechoso, el empresario paga cada vez más y quien acumula capital busca otro lugar donde invertirlo, tarde o temprano habrá que preguntarse quién financiará el bienestar que todos quieren conservar. Un país no puede vivir eternamente de los palacios que construyeron sus antepasados. La verdadera prosperidad consiste en seguir construyendo los del futuro.